Elementos conservadores en el Congreso norteamericano insisten en revertir el nuevo curso de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, a pocos días del restablecimiento de los nexos diplomáticos y la apertura de las respectivas embajadas.
A pesar de que no constituye una prioridad en la agenda legislativa, el tema está latente en el Capitolio -a punto de iniciar su receso de verano- donde coexisten alrededor de una decena de proyectos con diversos enfoques sobre aspectos claves de los vínculos entre La Habana y Washington.
Los principales líderes republicanos aseguran que lucharán para obstaculizar el proceso de deshielo iniciado el 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente cubano, Raúl Castro, y su homólogo, Barack Obama, anunciaron su meta de avanzar hacia una nueva era entre las dos naciones.
En este contexto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, señaló esta semana a la cadena Fox News que la Administración tendrá serios obstáculos para lograr que el Congreso levante las sanciones unilaterales contra Cuba.
McConnell dijo además que es improbable que sus correligionarios confirmen a cualquier personalidad que Obama nomine como embajador en La Habana, y -en sentido contrario a lo que dicen muchos de sus colegas de uno y otro bando- estima que "existe una oposición sustancial en el Capitolio a la política del mandatario hacia la isla".
Una postura similar sostiene el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien en reiteradas ocasiones en los últimos meses expresó su rechazo a las nuevas proyecciones de Obama respecto a la mayor isla de las Antillas.
Pero a juzgar por lo que dicen sus propios protagonistas, las intenciones del liderazgo del partido rojo no son tan fáciles de llevar a la práctica.
Al menos así piensa el senador republicano Lindsey Graham, quien reconoció recientemente que le parece políticamente imposible obtener los votos necesarios para bloquear en la Cámara alta los fondos para abrir una embajada estadounidense en Cuba.
El también precandidato a las presidenciales de 2016 -contrario a los vínculos con la isla- señaló que no está seguro que la mayoría de los legisladores de su agrupación partidista estén a favor de esta medida.
Sin embargo, Graham señaló que continuará sus esfuerzos contra la política de la Casa Blanca en este tema, en lo que resta del proceso de debate en otras instancias senatoriales.
A pesar de la fuerte oposición de este político conservador y otros prominentes republicanos, muchos dentro de dicho partido apoyan el nuevo curso dado por Obama a los nexos con la nación caribeña.
Entre ellos están los senadores Jeff Flake y Mike Enzi, quienes presentaron un proyecto de ley a mediados de mayo, con el fin de estimular los negocios de las compañías estadounidenses de comunicaciones en Cuba, que se suman a otras propuestas similares.
Prominentes figuras estadounidenses -demócratas y republicanas- que visitaron Cuba en los últimos meses, aseguran que existe consenso bipartidista en el Legislativo para eliminar las sanciones unilaterales contra Cuba.
Además, el propio vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, afirmó hace apenas unos días que hay un fuerte apoyo en el Capitolio para lograr el objetivo de Obama de levantar el bloqueo.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, que prefirió mantener el anonimato, señaló al diario The Hill que sería contraproducente una decisión de los miembros del Congreso contraria a la nueva política del gobernante estadounidense hacia la mayor isla de las Antillas.
El 20 de julio se restablecerán las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y tendrá lugar la ceremonia de apertura de la embajada cubana en Washington, lo que según la cancillería de la isla marca la conclusión de una primera fase en el reacercamiento bilateral.
Las autoridades cubanas reiteran que en el proceso hacia la normalización de los vínculos el principal escollo es el bloqueo económico, comercial y financiero.
La Habana también reclama discutir la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval norteamericana en Guantánamo, en el este de la isla, el cese de las transmisiones ilegales de radio y televisión, así como el desmontaje de las acciones subversivas contra Cuba.
La parte norteamericana demanda discutir, entre otros puntos, la eventual indemnización por las nacionalizaciones de compañías de ese país tras el triunfo de la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959.
El Gobierno revolucionario señaló su disposición a analizar este y cualquier otro asunto pendiente.
Sin embargo, a la vez demanda la reparación a los daños y perjuicios ocasionados por las sanciones unilaterales de Washington y por una larga lista de acciones agresivas de sucesivas administraciones contra los cubanos que ocasionaron pérdidas millonarias y la muerte de varios miles de personas.
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